MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MIGRANTES Y DE LA PROTECCIÓN DE LA VIDA FAMILIAR.
Iniciativa surgida en el marco del 6º Congreso Catalán de Salud Mental
Barcelona, julio de 2018 (revisión 2/2019)
Como profesionales de la salud y del ámbito social consideramos que debemos posicionarnos ante la grave problemática que sufren muchos adolescentes y jóvenes migrantes. Tanto la falta de adecuadas políticas de acogida de los adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados como las crecientes restricciones a la vida familiar de los migrantes menores de edad, confluyen de manera muy negativa en el contexto social actual. Por eso, no podemos permanecer callados ante la grave violación de los derechos de las familias inmigrantes no tan solo por el enorme sufrimiento humano que genera, sino también porque se derivan graves repercusiones sobre su salud física y emocional.
Existe un amplio conocimiento sobre los efectos negativos del hecho migratorio en las personas menores de edad en contextos sociales adversos, que pueden haber sufrido reacciones traumáticas en su lugar de origen, y que quedan expuestas a una retraumatización en los lugares de tránsito o de llegada. Sabemos que la ruptura y desestabilización de las familias constituye uno de los factores de riesgo más relevantes desde la perspectiva de la salud psicosocial.
Las dificultades de los adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados son especialmente graves, dado el aumento de llegadas y a que su problemática suele ser gestionada más como un problema de seguridad, cuando es la escasez y la inadecuación de recursos inclusivos y de apoyo, la causa determinante que los expone a la violencia y provoca su malestar emocional. No se puede obviar el riesgo que sufren también los «insuficientemente acompañados» como los que conviven con otros adultos que tienen un cuidado deficiente, así como los reagrupados con hermanos mayores de edad, que se encuentran en situación de exclusión. Y en el caso de los adolescentes y jóvenes migrantes es importante alertar de que su situación acostumbra a ser todavía más difícil, al ir ligada a su invisibilización.
Ante estas realidades debemos subrayar que si la emigración de los adolescentes y jóvenes se da en condiciones adecuadas y con la protección de la familia o de otras estructuras relacionales de acogida, se pueden minimizar los riesgos y sentar las bases de un buen desarrollo psicosocial.
Existe una amplia legislación a nivel internacional sobre los derechos de los emigrantes y refugiados. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 fue ratificada por el Estado Español en 1990 y es de cumplimiento obligatorio. Se posiciona de forma diáfana sobre la protección y el respeto de los niños, adolescentes y jóvenes como agentes activos. Defiende como derechos inalienables el reagrupamiento familiar, la educación, la atención sanitaria, la protección frente a la violencia y el rechazo a la detención. En la práctica, sin embargo, siguen existiendo prejuicios y resistencias para aplicar la legislación de forma clara e invertir recursos para su cumplimiento. Consideramos que la tendencia a la restricción de la vida familiar de los inmigrantes no es casual, sino que forma parte de otras medidas restrictivas de los derechos de los inmigrantes.
Como profesionales de la salud y del ámbito social reclamamos:
- El despliegue de recursos de apoyo e inclusión necesarios para niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes basado en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, teniendo en cuenta los derechos de reagrupación y el cuidado del ámbito familiar.
- Recoger como un derecho para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados la figura del «retorno voluntario temporal» para poder visitar y/o reconectar con la familia de origen.
- En cuanto a la atención a la salud mental, es importante tener presente la idea de que, para atender al sufrimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes, es necesario evitar categorizarlo bajo etiquetas psicopatológicas rígidas, y partiendo de la escucha de los relatos biográficos y de la expresión de las necesidades, establecer modelos de intervención constructivos e integradores, que tengan en cuenta la dimensión social y política.